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| Política de Planificación Familiar |
Las falsas “esterilizaciones forzadas” son un tema recurrente, incisivo, mediático, difícil de responder. Volvamos un momento atrás, sin embargo, e imaginemos al Perú de 1995, con unos índices de pobreza dramáticos, saliendo de un desastre económico y en combate frontal contra el terrorismo. La fecundidad real de una familia rural era de 4.3 hijos, y la deseada de 2.5. Se requería decisión política para alcanzar a las mujeres opciones de planificación familiar y el gobierno tomó la decisión: habría una política de planificación familiar. Firmó los acuerdos respectivos de la Conferencia de Beijing.
La nueva política permitió informar a las familias sobre los distintos métodos: el natural, la píldora, los inyectables, el condón, la T de cobre y la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). A través de un protocolo que incluía obligatoriamente el consentimiento expreso de la mujer, se llevaron a cabo programas que permitieron programar los hijos que se deseaba tener. Hubo más de un millón de beneficiarios. ¿Los resultados? Indicadores del INEI dan cuenta de nueve mil muertes infantiles menos y 400 muertes maternas menos por año (Fuente: ENDES 2000). Una encuesta a las usuarias el año 2000 mostró su satisfacción.
Se estima que en los cinco años entre 1996 y el 2000, hubo 265 mil atenciones de AQV. El protocolo: dos reuniones previas, consentimiento firmado y plazo de arrepentimiento de 72 horas antes de la intervención. Hubo, desgraciadamente, catorce casos de muerte, la mayoría por mal seguimiento post operatorio. Y entre mil quinientos y dos mil casos de supuesto error por falta de consentimiento. Los consentimientos firmados existen, sin embargo, de modo que reconstruir lo ocurrido no era imposible. Si en casos se incumplió el protocolo, los responsables son quienes llevaron directamente a cabo el acto médico. Hubo entonces investigaciones de los casos conocidos y sanción para quienes actuaron negligentemente.
Responsabilizar de esos errores a la política de planificación familiar o, peor, personalmente al ministro de turno -o al Presidente de la República- por la supuesta autoría mediata de esos errores constituye claramente una violación del debido proceso y un acto político deliberado y escandaloso. Once años de investigaciones de la materia concluyeron finalmente en el “No ha lugar” de la Fiscalía de la Nación. Lo mismo concluyeron dos sucesivos Defensores del Pueblo: Jorge Santistevan de Noriega y Walter Albán: no hubo ilícitos penales. El propio presidente del Poder Judicial se ha pronunciado esta semana indicando que no existe fundamento jurídico para reabrir el caso.
Y, sin embargo, la Fiscalía, sin que exista un solo hecho nuevo –que es lo único que podría justificarlo-, contra toda lógica y buen criterio, con intencionalidad política perversa y sin pudor alguno, insiste en reabrir la enésima investigación de las falsas “esterilizaciones forzadas”. Es un acto político perverso, destinado a obtener del Estado reparaciones monetarias para las supuestas víctimas y una tajada de las mismas para sus defensores judiciales, políticos o mediáticos.
Tampoco cabe suponer ya que el pronunciamiento presidencial respaldando la reapertura de la investigación pueda ser un acto de desconocimiento e ignorancia. Es uno de aprovechamiento político para esconder tras una cortina de humo sus problemas de falta de decisión política y de liderazgo, una bajeza que, sin embargo, el gobierno todavía está tiempo de enmendar. Pero su ventana de oportunidad no tardará en cerrarse.
